Fue como regalo de navidad la última sesión de la Asamblea Legislativa que le dio al país la posibilidad de lanzar candidatos independientes para las próximas elecciones de alcaldes y diputados en 2012. Todo era alegría hasta que comenzamos a observar bien ese regalo: como que nos dieron gato por liebre.
Las candidaturas independientes abren muchas posibilidades para aquellos sectores sociales que no están representados en la Asamblea, como es la comunidad homosexual del país. Con el sistema actual ningún partido podría lanzar a un candidato gay que su plataforma sea los derechos humanos de las minorías en el país. Sería casi un suicidio político.
Por eso, esta noticia creo que alegró a muchos. Por primera vez alguien de la comunidad podría optar a un cargo público, pero ahora resulta que esa ley aprobada es bastante confusa y su texto no ha sido revelado de forma pública. Las expresiones de alegría ahora cambian a incertidumbre.
Entre los principales requisitos está la cantidad de firmas que un aspirante a candidato debe de llenar. Y eso depende del lugar en donde la persona esté interesada en participar, pues el número de firmas está relacionada con la cantidad de votos que en ese departamento necesitó el candidato que ganó por residuos. ¿Qué es eso? Pues esto es algo difícil de explicar, pero se refiera a los votos que obtuvo un candidato en X departamento, que fue el menos votado pero que su cantidad es superior a los votos sobrantes de otros partidos que tuvieron más votos a favor.
Esa cantidad mímima de votos varía de departamento a departamento. Hay casos es lo que se necesitará unos ocho mil firmas y otros casos, como San Salvador, Santa Ana y San Miguel que creo que pasa de las quince mil y cerca de 20 mil firmas. Ese punto es discutible aunque creo que es salvable si el candidato es popular o el sector que lo propone trabaja en esa candidatura.
El punto más confuso y a mi parecer es la financiación de la campaña. En la actualidad el estado financia a los partidos tradicionales mediante al pago de dinero por cada voto obtenido en las elecciones anteriores. Asimismo financia a los partidos nuevos. En el caso de los candidatos independientes no habrá dinero. Lo confuso acá, es que si bien el Estado no aportará dinero a estos candidatos, se les exige una fianza del 50 por ciento de lo que se invertirá en la campaña.
He buscado ese decreto en la página de la Asamblea para analizarlo pero no está. Lo que opino acá es sólo en base a lo que he leído en las noticias y hasta el momento la impresión que me queda sobre el financiamiento es duda y confusión. A mi juicio, no se debería de exigir una fianza si el Estado no va a aportar dineros públicos. ¿Qué se pretende proteger con una fianza? Esta exigencia me parece ilógica, por no decir sospechosa.
En fin, el tal regalito de navidad no resultó ser del agrado de las personas interesadas en participar de forma independiente en las próximas elecciones. Los diputados hicieron una votación apresurada y sin consultar a los sectores sociales. Si bien es un buen primer paso, debió pensarse mejor, espero que el presidente Funes no la vete, sino que la regrese con observaciones a los diputados.
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