Es bien fácil para algunas organizaciones meter sus narices en asuntos internos, ofendernos y salir como defensores de la libertad. Eso hace la Sociedad Interamericana de Prensa al exigir al sistema judicial salvadoreño respetar la libertad de expresión, según lo publica El Diario de Hoy este día.
Todo el problema se inicia con el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el inciso tercero del artículo 191 del Código Penal que otorgaba inmunidad a los medios de comunicación cuando cayeran en difamación.
Es inconstitucional, según se entiende, porque se viola el principio de igualdad. Es decir, el Estado de El Salvador no podría permitir que un grupo de personas gozara de más privilegios que el resto de la población en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión. Eso parece razonable, lógico y justo.
Pero los empresarios de medios de comunicación del país no lo creen así, y consideran que ellos deberían de tener el privilegio de infrinjir la ley y que no se les aplique ningún castigo. Ese privilegio que ellos reclaman lo llaman libertad de expresión. Es privilegio porque un ciudadano común que cometiera el mismo ilícito sí sería castigado.
Ahora viene la SIP, que es la asociación de empresarios de medios de comunicación de América y exige a nuestro sistema judicial que sea más flexible cuando lo infractores sean ellos. Esto es increible e insultante. Cómo se atreve esta organización hacer semejante petición.
Y además reclaman sobre la sanción a La Prensa Gráfica por la publicación de la identidad de un menor infractor. ¿Y cómo es eso? Es que la protección de la identidad de un menor no es un invento salvadoreño, está en los tratados internacionales y todo país que se diga que busca desarrollar su sociedad sabe que debe de cumplir con ello. ¿Y por qué la SIP no hace la misma exigencia al gobierno de Estados Unidos? En este país también se protege la identidad de los menores y nadie se alarma.
Los fallos de la máxima autoridad judicial de un país siempre deben de respetarse porque se supone son la más alta expresión de justicia que se pueda esperar de un grupo de humanos. Por eso, no me parece atinado que la SIP venga a decirnos que estamos equivocados, que la igualdad entre las personas no sea más importante que la protección de un ejercicio profesional.
Así las cosas mis amigos.